El voto femenino en Colombia

Por Sonia Vásquez Mejía

Columnista invitada

Comunicadora social  – periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue secretaria de las mujeres, concejala de la ciudad de Medellín , subsecretaria de tres secretarías: Medio Ambiente, Cultura Ciudadana y Desarrollo Social. Fue gerenta del Centro y directora de la Fundación Coraje. Actualmente es vicepresidenta de la Unión de Ciudadanas de Medellín, desde donde ha liderado varios movimientos para conmemorar los 60 años del voto femenino en Colombia.

El camino al voto

Fue un largo y dificultoso proceso el que llevó al reconocimiento jurídico de las mujeres colombianas como sufragantes y ciudadanas elegibles.

De acuerdo con la historiadora Magdala Velásquez, citada por María del Rosario Romero en las Memorias 50 años del Derecho al Voto Femenino (texto publicado por Metro Mujer – Alcaldía de Medellín y por la Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres de la Gobernación de Antioquia el 25 de Agosto de 2004), la primera etapa de los esfuerzos sufragistas en Colombia puede encontrarse en la aprobación del «voto sin distinción de sexo» proclamada por los constituyentes de la Provincia de Vélez, Santander, en 1853, donde se dio el derecho al sufragio femenino. Pero esta Constitución fue reformada dos años más tarde (1855) sin que se pudiese hacer uso de tal derecho.

Bajo la influencia de las corrientes sufragistas del siglo XIX  en Europa, mujeres como Ofelia Uribe de Acosta, Susana Olozaga, o como Maria Rojas Tejada y María Eastman,  manifestaban sus voces para la consecución del voto.

Datos tomados de: El voto femenino. En: www.banrepcultural.org — Magdala Velásquez Toro. Derechos de las mujeres: Voto femenino y reivindicaciones políticas. Colección: Protagonistas, obras y sucesos del siglo XX. Credencial Historia.

De acuerdo con los especiales que frente al tema ha publicado el Banco de la República, a pesar de conceder el estatus de ciudadanía a las mujeres, la reforma no autorizó el sufragio para las mismas, lo que creó un gran ambiente de rechazo entre las damas de la sociedad colombiana. Uno de los argumentos para dilatar la aprobación era el hecho de que la educación debía ser prerrequisito para el derecho al voto femenino.

Ya desde 1946, la ONU había llamado la atención a todos los países de América, en cuyas Constituciones no estaba todavía establecido el derecho al voto femenino, exigiéndoles que actuaran de una forma razonable y acorde con los tiempos, pues este organismo consideraba que negar a la mujer el derecho al voto era perpetuar un estado de desigualdad social entre hombres y mujeres.

Algunos datos

Magdala Velásquez Toro, en su texto Derechos de las mujeres: Voto femenino y reivindicaciones políticas, cuenta cómo «las mujeres, en un movimiento pluriclasista, desarrollaron su creatividad: para hacerse sentir; apelaron a estrategias que iban desde conversaciones y acuerdos privados con candidatos, cartas, manifiestos, tomas de las barras del Congreso e intervenciones, hasta crear periódicos y programas de radio para difundir sus puntos de vista y polemizar como columnistas en diarios que les abrían sus puertas».

Cuenta la historiadora María del Rosario Romero:

«Con la presión de muchas mujeres, entre las que se encontraban organizaciones de trabajadoras y maestras de Antioquia, en el marco de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), se inició un período de participación de las mujeres en el poder, al nombrar a Josefina Valencia y a Esmeralda Arboleda como constituyentes, y posteriormente como gobernadora del Cauca y ministra de Educación, respectivamente. Ellas despliegan una incansable labor por todo el país, recogiendo  unas tres mil firmas que respaldan un Memorial en el cual exigen a la Comisión de Estudios  Constitucionales CEC  que sus propuestas sobre el voto pasen a la Asamblea Constitucional. Después de muchos debates, el 11 de marzo de 1954, esta Comisión aprueba que el Proyecto pase a la Asamblea Nacional Constituyente ANAC de ese año. Con no menos debates, se logra la aprobación del Acto Legislativo No 3 que consigue la reforma política mayor del siglo XX en Colombia, pues se borran de la Constitución de 1886 las frases que concedían el voto sólo a los varones. A partir de este momento pasan 3 años y 4 meses sin que las mujeres ni hombres tengan oportunidad de ejercer su derecho al sufragio. La represión se endurece y la oligarquía, al comienzo favorable a Rojas, ya no lo respalda».

Beatriz Eugenia Vallejo Franco, en su texto La conquista del Voto Femenino, publicado en la  Revista Credencial, explica cómo el régimen de Rojas, que cae el 10 de mayo de 1957, es reemplazado por una Junta provisional de cinco militares. Los partidos políticos Liberal y Conservador pactaron el llamado Frente Nacional, que permitía la alternación de ellos en el poder presidencial  y el reparto paritario de los cargos públicos. Esa decisión política debía refrendarse mediante una reforma constitucional y para entonces se acordó el llamado «plebiscito» que legitimó el acuerdo político.

El derecho al voto se estrenó en este plebiscito, convocado para el 1 de diciembre de 1957, y se constituyó como el primer acto político de la mujer en Colombia. Pero, con la caída del General Rojas, todas las normas expedidas durante su administración quedaron derogadas en cuanto eran fruto de la dictadura.

Cuenta Rosita Turizo de Trujillo que en esta Asociación, que estaba compuesta, entre otras,  por Elena Ortiz de Arboleda, Bertha Zapata Casas, Amparo Múnera Osorio, Myriam Taborda  y ella, que era la Presidenta, se reunían con frecuencia para examinar la situación del país y estaban preocupadas por saber qué iba a pasar con los derechos políticos alcanzados entonces por las mujeres, para lo cual le pidieron audiencia a Alberto Lleras y a Guillermo León Valencia para que les respondieran sobre lo que sucedería de ahí en adelante con el voto femenino. Esa noche fue la primera vez —cuenta— que se refirieron a las mujeres como ciudadanas de Colombia. Se les manifestó que en la Reforma Constitucional que se hiciera en el Plebiscito, la ratificación de los derechos políticos para la mujer sería el primer punto.

Durante el Frente Nacional la participación de las mujeres en corporaciones de representación popular fue de 6.7 por cada 100 varones

Pero hubo desilusión «por la escasa representación de ellas en las listas, el endurecimiento del régimen, la falta de reformas sociales; se expresó tanto en las cifras crecientes de abstención electoral femenina durante los 16 años del Frente Nacional, como en las denuncias hechas por las veteranas luchadoras Ofelia Uribe, Lucila Rubio y Anita de Karpf, que se quejaban de la falta de equidad en las listas de aspirantes de cada partido».

«Al iniciarse la década del 90, el gobierno Gaviria instauró un proceso que ha contribuido a desarrollar políticas públicas para favorecer la transformación de la condición de las mujeres, para visibilizar la discriminación que sufren y para garantizar condiciones de progreso social para la población más pobre, conformada mayoritariamente por mujeres. En la administración Samper se avanzó con la creación de la Dirección de Equidad para la Mujer. La Constitución de 1991 consagró importantes normas a favor de los derechos de las mujeres, que contribuyen a eliminar distintas clases de discriminación que aún perviven en el país. Una de ellas es la que garantiza la “adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública”, cuyo último desarrollo es la ley 581 del 2000 , conocida como Ley de Cuotas, que obligó a que los niveles de decisión de las tres ramas y órganos del poder público en todo el país tengan como mínimo un 30% de mujeres y a devengar igual salario por igual trabajo». 

La política también es para mujeres

Es un hecho que la participación de las mujeres puede  transformar  el ámbito político de manera importante para la resolución de la problemática de desigualdad y discriminación que viven muchas personas. Cuando las mujeres actúan como sujetas políticas, impulsan propuestas que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población en general y de las mujeres en particular; su participación ejerce una verdadera incidencia social y política en los procesos de desarrollo local, regional y nacional.

La participación política nos permite a hombres y mujeres incidir e influir en la toma de decisiones del gobierno o en otras instancias de poder; en la formulación e implementación de las políticas y programas públicos que afectan nuestra vida en comunidad y, además, nos brinda la posibilidad de elegir o ser elegidos para cargos públicos.

Las mujeres debemos perder el miedo a participar, actuar desde  cada uno de sus espacios y a buscar estrategias y acciones que nos ayuden a estar informadas, a fortalecer nuestra capacidad de establecer alianzas, de incrementar nuestro pensamiento y quehacer estratégico para que estemos en condiciones de equidad para participar. Es necesario que se implemente la ley de paridad y así podamos incidir y velar para que nuestras demandas y necesidades sean también incorporadas en todos los ámbitos, desde la propia familia, la comunidad, la organización, el partido político, los poderes regional, municipal y nacional.

Es urgente promover las capacidades de las mujeres e incentivarlas para que se informen y conozcan, para que exijan ser tomadas en cuenta en las decisiones que como personas y como mujeres les atañen. Esto implica que se generen condiciones favorables como la asignación de recursos gubernamentales sensibles al género; la asistencia, asesoría técnica, así como la capacitación que se destina a las organizaciones y proyectos de mujeres, las políticas públicas que garanticen el ejercicio y respeto de los derechos humanos de las mujeres; asimismo, que los hombres también asuman las tareas de orden doméstico, y que se supere la concepción de que la política es sólo para los hombres. Es indispensable sensibilizar a los partidos políticos para que incentiven una real representación de las mujeres tanto en los puestos de elección popular, como en los cargos de función pública. Y que desde ya los partidos políticos empiecen a aplicar la Ley de Paridad, así aún no esté sancionada. ¡Esperamos que sea muy pronto!

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